La otra cara de la moneda: el negocio de los camiones aljibe en medio de la sequía en Chile

 

Por Nicolás Ramírez Hermosilla

Hay zonas de nuestro país que están sumidas desde hace años en una profunda sequía. Las aguas de napas subterráneas se han agotado y esto ha generado millones de pérdidas para los agricultores que solo deben conformarse con recibir agua periódicamente para sus cultivos y también para realizar labores domésticas. Millones en pérdidas significan también millones en gastos del gobierno para tratar de sobrellevar esta situación, la solución es repartir agua en camiones aljibe, pero eso tiene un gran costo y parece no estar bien regulado, $92 mil millones ha sido el gasto por parte del gobierno chileno en un rango de seis años, en el periodo que comprende desde 2010 a 2016.

 

Esta cantidad de dinero se ha invertido para llevar agua potable a cerca de 400 mil personas en nuestro territorio, principalmente entre las regiones de Coquimbo y Araucanía. Indagando la información que fue entregada por la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Intendencias y gobernaciones regionales al Centro de Investigación Periodística (CIPER) se pueden ver ciertas irregularidades en la adjudicación de licitaciones para el transporte del agua potable en camiones aljibe, por ejemplo, en la región del Bio-Bio sólo dos empresas figuran como proveedores en los últimos seis años y ambas son del mismo dueño.

 

La irregularidad también está a la vista de todos, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), dice haber presenciado con sus propios ojos como camiones aljibe extraían aguas desde pozos subterráneos, “eso lo hacen sin tener los derechos de agua legalmente constituidos, tampoco sabemos cómo está esa agua, si es higiénica para nuestro consumo. No existe mayor fiscalización por parte del Estado”.

 

Las regiones con mayor gasto en arriendo de camiones aljibe

 

Bio-Bio: $23.242 millones es lo que ha invertido el estado en arriendo de camiones aljibe en esta zona. Ese gasto se ha transformado en ganancia para el empresario Germán Faundez Fuentes, dueño de dos empresas: Transportes y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile. Estas dos empresas se han repartido todas las licitaciones para el transporte de agua en los últimos seis años en la región. Aquí se han visto irregularidades en el costo de los traslados entre un año y otro. Por ejemplo, en la comuna de Hualqui, Transportes y Logística recibió $194 millones por entregar agua a 2.300 personas en 2013, al año siguiente, se entregó el servicio a 637 personas y el costo fue casi el doble $381 millones.

 

La Araucanía: Esta región implica el segundo mayor gasto en este ámbito, $17.996 millones es lo que ha pagado el estado a 227 proveedores distintos. Aquí el problema no es la fluctuación de precios, sino que la forma en que los proveedores se adjudican los contratos. La mitad de adjudicaciones corresponde a tratos directos, y la otra a licitaciones. Esto demuestra la nula estrategia y planificación por parte del estado en esta materia.

 

El Maule: Aquí se han gastado $13.775 millones para entregar agua a sectores rurales en 26 de las 30 comunas de la zona, el monto se ha repartido entre 37 proveedores distintos, algo muy distinto a lo que ocurre en el Bio-Bio. Acá también se pueden ver grandes diferencias entre lo cobrado desde un año a otro por el mismo servicio.  Por ejemplo, en la comuna de Parral el proveedor Silvio Vallejo Cancino repartió 5.220 m3 de agua en 2014 recibiendo $75,8 millones. En 2015, sin embargo, distribuyó 200 m3 menos de agua y facturó $108 millones. Las intendencias y gobernaciones regionales no supieron responder con exactitud y argumentaron que las emergencias traen especulación de precios o que esos gastos eran de administraciones anteriores por lo que no podían responder.

 

Valparaíso: La comuna de Petorca arrastra a la región hasta este lugar, la intensa sequía que golpea esa zona ha significado un costo de $12 mil millones para el Estado. Aquí también es posible observar incongruencias en los precios cobrados entre un año y otro. Por ejemplo, en 2015 Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua cobrando $209 millones, al año siguiente repartió 22.410 m3 de agua recibiendo $79 millones a pesar de transportar más. La gobernación atribuyó estas diferencias de precio a la distancia que debían recorrer los camiones.

 

 

 

¿Sequía sólo por falta de lluvia?

 

Generalmente la sequía se atribuye a la falta de lluvias y eso no es incorrecto. El déficit hídrico en nuestro país se ha gatillado por la falta de precipitaciones, pero esa no la única ni más importante razón. Para la ley, el agua de consumo humano no es más importante que la utilizada para regar tierras agrícolas o realizar labores mineras. Se ha privilegiado los intereses privados por sobre los de la población y eso ha contribuido a profundizar la sequía que azota el territorio chileno.

 

Rodrigo Mundaca tiene algo que agregar sobre esto “en Petorca han llegado políticos y empresarios a plantar hectáreas de paltas, en una zona donde la sequía es muy grande ellos vienen a ganar plata a costa de dejar a miles de habitantes sin agua, es un tema que está absolutamente desregularizado porque a ellos les conviene que así sea”.

 

El tema de los derechos del agua se remonta a 1981 con la creación del Código de Aguas, en medio de la dictadura. Este código introdujo un modelo de gestión de aguas que no se ha visto en otra parte del mundo, el recurso hídrico se separó de la propiedad de la tierra fomentando así el mercado del agua, donde empresarios han obtenido de forma gratuita el agua, pero luego cobran por su uso.

 

Así, por lo tanto, se ha incrementado la inequidad en la distribución del recurso, dejando a miles de habitantes sin poder ejercer su derecho al agua y a un puñado de empresarios gozando los millonarios réditos que les ha dejado el comercio del agua.